Palacio Federal Legislativo, 1999

Francisco Rojas, Maracay (08/11/16).- Los años noventa estuvieron plagados de gran descontento social, debido en gran medida a los desajustes económicos y políticos, lo cual generaba en las entrañas del pueblo un malestar colectivo ante la ausencia de respuestas de los entes gubernamentales, los cuales propugnaban un sentimiento de apatía en la toma de decisiones para satisfacer los reclamos de la sociedad civil.

El pueblo buscaba líderes que clamaran por la situación que se vivía, y esto en gran medida fue lo que impulsó el proceso constituyente, el cual comienza a manifestarse concretamente desde el inicio del segundo mandato de Carlos Andrés Perez.

La legitimación del poder estuvo en tela de juicio en todo momento, el problema de gobernabilidad se hizo cada día más dramático, lo que representaba una dura situación para el país, pues, no puede existir gobernabilidad sin legitimidad. En definitiva, para muchos la salida era a través de una Asamblea Nacional Constituyente.

Un proceso cuesta arriba aquél, que tuvo como principal protagonista a la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, pues, la constitución de aquél entonces no hacía mención directa o inderecta de dicha figura legal. Conforme a lo estipulado en el artículo 181 de aquella ley, señalaba que tanto el Presidente de la República, en consejo de Ministros, como en el Congreso Nacional tenía la facultad de poder solicitar la apertura de una consulta a los electores sobre decisiones de especial trascendencia nacional..

Hugo Chávez, 1999

En base a esto hubo dos acontecimientos de importante envergadura que vale la pena señalar. El primero consistió en la promesa realizada por el entonces candidato Presidencial Hugo Chavez Frías referida a que si llegare a ocupar la presidencia de la República, convocaría a un referéndum para pulsar la opinión del pueblo, con la finalidad de integrar una Asamblea Nacional Constituyente que se encargaría de la reorganización del Estado, debido al fracaso de los poderes constituidos para llevar a cabo los cambios necesarios.

El segundo, se refiere al fallo que produjo la Corte Suprema de Justicia publicado el 19 de Enero de 1999, con motivo del recurso de interpretación a criterio de lo expuesto en la Ley Orgánica de Sufragio y Participación Política, en dicho recurso se afirmaba que “el presidente electo de la República, Hugo Chávez Frías, ha expresado su intención de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, mediante el procedimiento de conmirar un Referéndum consultivo, manifestándose que es constitucional y legítimo”.

Tras la publicación de dicha jurisprudencia se generó mucha confusión, debido a que no existiendo disposiciones en la Constitución Nacional que reglara la convocatoria de una ANC, mal podía convocarse una constituyente sin antes reformar la Constitución. En vista de ello, varios académicos y juristas Venezolanos entre ellos Dr. Humberto La Roche, clarificaron las disposiciones contenidas en el fallo emanado de la sede judicial.

La Corte Suprema de Justicia estableció con ese fallo que de cuya interpretación se desprendía el sentido y alcance del artículo 181 de la mencionada ley, es que a través de dicho cuerpo normativo puede ser consultado el parecer del cuerpo electoral sobre cualquier decisión de especial trascendencia nacional distinto a lo expresamente excluido por la propia Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política en su artículo 185, incluyendo la relativa a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

De esta manera, se logró clarificar y disipar todas las lagunas legales existentes en torno a la realización de una Asamblea Constituyente. Fue así pues, como el 02 de Febrero de 1999, Hugo Chávez Frías dictó el decreto N° 3 para la realización de un referéndum para que el pueblo se pronunciare sobre la convocatoria de una Constituyente. Lo que marcaría el inicio en la estructuración de una nueva república.

El objetivo era: refundar la República.

Francisco Rojas